Casi por la puerta de atrás, en la disposición final primera del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, el Gobierno ha introducido la posiblilidad de interrumpir, previa autorización judicial, a aquellos abonados que desgarguen archivos protegidos por derechos de autor.
Para ello el texto preeve modificaciones en otros dos textos, la Ley de Propieda Intelectual (LPI) y la Ley de Servicios para la Sociedad de la Información (LSSI).
Se introduce la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual"
entre las causas para restringir la prestación de servicios en 
el articulo 8 de la LSSI.
Además se faculta al Ministerio de Cultura para velar por la "salvaguarda de los derechos de la propiedad intelectual frente a su bulneración por los responsables de los servicios del a sociedad de la información"
Para ello, esta prevista la creación de un organo dentre del Minisro a través de una disposición adicional en el Texto Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual.
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